En Colombia, ser un defensor de los derechos humanos es un trabajo peligroso y a menudo mortal. Los que trabajan en temas que van desde asuntos medioambientales a los derechos de las mujeres, los campesinos, los periodistas, los indígenas y otras víctimas del conflicto armado, diariamente reciben amenazas a su integridad física, psicológica y la de sus familias. Y, las cosas están empeorando.
En abril de 2009 nos enteramos de que en los últimos siete años, el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, de manera sistemática y sin orden legal, interceptan los teléfonos y correos electrónicos de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, de periodistas y hasta de jueces de la Suprema Corte. Directivos del DAS están acusados de colaborar con los paramilitares; de restringir las misiones internacionales de derechos humanos que visitan Colombia, de amenazar, neutralizar y restringir la labor de los defensores o de llevar juicios sin fundamento en contra de ellos.
Las autoridades colombianas han señalado y perseguido la labor legítima de defensa de los derechos humanos, llamando a los defensores una amenaza para la 'seguridad democrática'. Las autoridades han desacreditado públicamente el buen nombre y la labor de los defensores, acusándolos de tener vínculos con grupos guerrilleros o estar motivados por sus fines políticos. También han promovido infundadas acusaciones penales contra ellos, a menudo basadas en información falsa de desmovilizados, de los archivos de inteligencia militar y policial.
En el contexto de un conflicto armado, esto no sólo ha dado lugar a una mayor estigmatización de las organizaciones sociales y no gubernamentales, también ha generado un ambiente de hostilidad caracterizado por oleadas de asesinatos, desapariciones forzadas, violencia sexual, amenazas de muerte, asaltos y el robo de información confidencial. Los responsables de violaciones contra los defensores casi nunca son castigados y la impunidad sigue siendo la norma.
En respuesta a estas continuas y crecientes amenazas, organizaciones de derechos humanos colombianas e internacionales, iniciamos una lluvia de ideas sobre cómo podríamos coordinar acciones para ejercer una mayor presión sobre el gobierno colombiano. Así, identificamos la necesidad de crear una campaña nacional e internacional, que en el corto plazo logre un cambio positivo y significativo para los defensores de derechos humanos en Colombia.
A nivel nacional, el objetivo de la campaña es elevar el respaldo de la opinión pública a la labor legítima y legal de defensa de los derechos humanos. Esto se hará a través de:
En el plano internacional, las redes, plataformas por Colombia y organizaciones de cooperación, promoverán las recomendaciones clave de Campaña en todas las acciones de cabildeo que adelanten ante sus gobiernos, parlamentos, partidos políticos y empresas.
Pensamos que al estar unidas las estrategias nacional e internacional, podremos lograr mejoras importantes en el entorno de trabajo y la seguridad física de los defensores de derechos humanos en Colombia.
La campaña se centrará en cinco áreas clave:
La campaña será lanzada oficialmente en Colombia el 9 de septiembre, coincidiendo con la visita del Relator Especial de la ONU en Colombia, y eventos de promoción, se organizará en 2009 y 2010, en diferentes momentos en los EE.UU., Europa y otros lugares.